El nacionalismo vasco se encuentra en un segundo plano a la espera de conocer cómo se desarrollará el desafío catalán. La suspensión del plan Ibarretxe y el fin de la banda terrorista ETA supusieron un estado de letargo para el secesionismo que ahora empieza a activarse tímidamente.
El horizonte de este movimiento se sitúa en Cataluña. El mayor ejemplo se encuentra en Gure Esku Dago, la ANC vasca que literalmente ha copiado los lemas y diseños de sus carteles con la intención de sumar adeptos al independentismo.
Pero los planes del PNV pactados con Bildu van más allá. Para ello se ha diseñado una hoja de ruta con la que se iría activando poco a poco el proceso de separación y contempla algunos puntos que, sin duda, representan polémica y son anticonstitucionales.
El primer movimiento se enmarca en una reforma del Estatuto de Autonomía. En esta carta se quiere recoger explícitamente que el gobierno autonómico se encuentra en plena igualdad de rango con el central, lo que supondría desafiar la naturaleza autonómica en la que actualmente se encuentra la Lehendakaritza (un punto que podría ser paralizado por el Constitucional).
El País Vasco, que ya recoge impuestos de manera autónoma gracias a los fueros recogidos en la Constitución, mantiene un superávit fiscal con el Estado de 3.387 millones de euros, según el diario Deia.
El Estatuto que se está diseñando en el Parlamento vasco también plantea la posibilidad de recoger el "derecho de autodeterminación", en referencia a la norma contemplada por la ONU para la independencia de las colonias respecto a las metrópolis. Lo cual es una gran falacia pues el País Vasco jamás ha sido territorio de colonias sino una región histórica más de los reinos españoles.
Mientras tanto, el nuevo Estatuto tendría la intención de ahondar en la autonomía de la región con la vista puesta en adquirir la competencia de todas las infraestructuras que se han sufragado a coste de las arcas del Estado. También hay intención de controlar en exclusiva todos los recursos naturales, incluyendo todo lo relacionado con el medio marino, e incluyendo el traspaso de las infraestructuras pagadas desde Moncloa.
Por otro lado, el Gobierno vasco también tiene la intención de controlar todos los servicios públicos en exclusiva y todo lo relacionado con "las relaciones laborales", es decir, materia de empleo, que ahora depende en gran parte del Gobierno central.
El único punto polémico se corresponde con la deuda. Como las infraestructuras y los servicios públicos pasarían a cargo del Ejecutivo autonómico, el previsible desequilibrio en las cuentas podría poner en jaque la salud financiera de la administración regional.
Por ello, el Gobierno vasco tiene la intención de cargar la deuda de todas las decisiones relacionadas con estas materias a cargo del Estado. Es decir, habría vía libre para desarrollar las infraestructuras recibidas desde el Gobierno central, pero en el caso de mejorarlas, se harían a cargo del Ejecutivo que las cedería sin ningún tipo de compensación. Sin comentarios
Anexión de territorios situados en Burgos y Cantabria
El Estatuto también plantea la anexión del condado de Treviño y el Valle de Villaverde | CC: Basotxerri"El Estatuto también plantea la anexión del condado de Treviño y el Valle de Villaverde | CC: Basotxerri"
El "derecho de autodeterminación" que se plantea en este Estatuto no se limita al territorio que gestiona el País Vasco. En concreto, extiende sus reivindicaciones a toda la denominada como "Euskal Herria" que incluye a Navarra y País Vasco francés.
Llama la anteción que, en este proceso, también se verían involucradas otras Comunidades, en concreto Castilla y León y Cantabria. Las intenciones del nuevo Estatuto pasan por incluir en el nuevo 'país' al condado de Treviño y el Valle de Villaverde.
Para incluir a estos territorios, se realizaría una consulta específica previa en la que los territorios mencionados se anexionarían a las provincias de Álava y Vizcaya, para posteriormente hacer un referéndum independentista a nivel global. Un punto que entraría claramente en conflicto con las comunidades autónomas colindantes e incluso con el Gobierno galo, si sumamos al territorio del País Vasco francés antigua reclamación de los separatistas vascos.
Pero supuestamente el plan tiene un escollo: Sánchez ya no necesitaría a los nacionalistas para formar gobierno, según todas las encuestas.
A pesar de la polémica propuesta y de las cesiones que el Partido Popular ha realizado al PNV como socio de Gobierno, lo cierto es que la nueva legislatura antoja difícil que el nacionalismo vasco tenga la oportunidad de reclamar este tipo de medidas.
La última macroencuesta del CIS contempla una holgada mayoría absoluta para un pacto entre PSOE y Ciudadanos, aún más alta si consiguen pactar con Unidas Podemos en algunas cuestiones claves.
La formación del veleta Albert Rivera, a pesar de sus declaraciones públicas, sí contempla seriamente la posibilidad de alcanzar acuerdos en un momento en el que la inestabilidad política puede poner en jaque el futuro de España, con una crisis económica que se avecina y que necesitará tomar medidas desde un Ejecutivo que no debería estar en funciones bajo ningún concepto.
Por otro lado, no hay que olvidar el deterioro de las relaciones entre socialistas y soberanistas, después de que el PP y Ciudadanos votasen junto con Bildu, PDeCAT y ERC la negativa a los presupuestos que llevó a un adelanto electoral.
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